CHILE: INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL, OTRA LEY DE AMARRE EXPRESS DEL GOBIERNO Y LA DERECHA
Luego de quince años, gobierno y parlamentarios comienzan a cambiar la institucionalidad que reguló la instalación de megaproyectos industriales en un país cuya economía se basa en la extracción y exportación de recursos naturales. Para esto, el gobierno logró un acuerdo con la derecha con el fin de hacer avanzar rápidamente esta iniciativa legal que en un primer momento no ha tomado en cuenta la opinión de amplios sectores ciudadanos y comunidades locales.
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2 de noviembre del 2009.
Santiago de Chile, (Ecoceanos News) — Luego de
En 1992 el Presidente Patricio Aylwin anunció el envío al Congreso del primer texto para crear
En este proceso destacó el hecho que se estableciera la institucionalidad y posteriormente la normativa ambiental, sin contar previamente con una política ambiental.
Esta situación subordinó plenamente los aspectos de protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática y los derechos de los ciudadanos y las comunidades locales al modelo extractivista y productivista exportador, heredado de la dictadura.
Este proceso de creación de una institucionalidad ambiental, también estuvo marcado por una funcional restricción de la participación ciudadana y acceso a la información, ineficaces instrumentos de monitoreo, control y fiscalización, carencia de información ambiental base y sobre biodiversidad.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA REVENTÓ AL SEIA
Pero también se impuso un sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que paradojalmente fue el instrumento que favoreció la imposición de destructivos proyectos de inversión industriales o permitió que se ocultaran graves situaciones de comportamiento empresarial irresponsable.
Ello fue la fuente de una creciente y permanente tensión entre la institucionalidad y la normativa ambiental frente al accionar de la ciudadanía organizada que se oponía a la aprobación de emblemáticos mega proyectos de inversión industrial.
Dominique Herve, abogada de
“Los quince años que llevamos de institucionalidad ambiental, han sido claramente un paso adelante en la gestión ambiental en Chile, porque se crea una institucionalidad que antes no existía, se crean instrumentos de gestión ambiental con sus reglamentos y comienza a haber una práctica de gestión ambiental que hasta esa fecha no existían”, afirmó la especialista.
Agregó que “sin embargo, también se ve que en estos 15 años de aplicación hay muchas falencias que se van manifestando a lo largo de los años y que se manifiestan en conflictos concretos en los que participa la opinión pública, la ciudadanía, pero también queda de manifiesto también que la institucionalidad comienza a quedar corta y que empiezan a haber desafíos que no aporta la institucionalidad ambiental, entonces es necesario que se modifique y perfeccione esta institucionalidad”.
En los primeros 10 años de funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, más del 90 por ciento de todos los proyectos de inversión sometidos a evaluación por parte del sistema estatal fueron Simples declaraciones de impacto ambiental, las cuales excluyen que la ciudadanía afectada participe.
Para el abogado Vladimir Riesco, la institucionalidad ambiental es un fracaso porque la ciudadania desconfia de ella. Agregó que hay una falla estructural en el sistema hasta ahora no solucionada, provocadora de desastres ambientales como el generado por CELCO en Valdivia.
“Ha quedado demostrado que la institucionalidad ambiental ha sido ineficaz frente al desarrollo de grandes proyectos industriales o empresariales que han demostrado ser profundamente nocivos para el medio ambiente. Si consideramos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y nos encontramos con proyectos que han sido sometidos al sistema, se han ejecutado y han provocado daños ambientales, como lo que ocurrió en Valdivia con el proyecto de Celulosa de Arauco y Constitución, claramente hay una falla en el sistema que hasta ahora no ha sido solucionada y una institucionalidad que no le da confianza a la ciudadanía simplemente no sirve”.
El abogado Riesco señaló que “una institucionalidad ambiental para evitar conflictos tiene que presentarse como el arbitrador de los mismos, es decir como una entidad que este por encima de los intereses tanto de la ciudadanía como del empresariado y que sea capaz de resolver en forma justa y equitativa estos conflictos. Como esto no ha ocurrido y la institucionalidad no tiene credibilidad ante la ciudadanía, podemos decir que es un fracaso de la misma y esa es la razón porque se quiere modificar”.
DEFENSA SOCIOAMBIENTAL POR FUERA DEL SISTEMA
Pero a pesar de todas las restricciones legales, institucionales y el secuestro del estado por parte de los intereses político-empresariales, la ciudadanía organizada y las comunidades afectadas, siempre han buscado vías alternativas para hacerse escuchar y obtener apoyo nacional e internacional.
Esta historia se repite en numerosos proyectos inversión a lo largo de Chile, los que incluso presentaron Estudios de Impacto Ambiental. Algunos de ellos están en la memoria colectiva de la sociedad chilena, tales como: la construcción de la hidroeléctrica RALCO, donde la ley eléctrica y el actuar de
Otro caso es la construcción de las centrales Hidroeléctricas en Aysén, donde luego que las organizaciones ciudadanas y los servicios públicos presentaron observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de Hidroaysen, la empresa respondió con una camionada de documentos.
Así es, Hidroaysén presentó más de 5 mil páginas de argumentos en defensa de la represa, sin tomar en cuenta los cuestionamientos de las organizaciones ciudadanas. Esto, en el contexto que
NUEVA LEY DE AMARRE
¿Que sucede ahora? Pues ante las más de mil sugerencias que los parlamentarios le realizaron al proyecto de Ley que crea el Ministerio de Medio ambiente, de la noche a la mañana surgió un acuerdo entre el gobierno y la derecha, para avanzar en tiempo récord, con sesiones hasta las 6 de la madrugada, y aprobar este proyecto.
Esto ocurre en momentos en que no hay información pública, ni menos participación ciudadana.
¿Pero porqué tanto apuro?
Un tema clave en esto, es la presión de los proyectos de inversión que sólo en el sector minero serán de 43 mil millones de dólares a partir del próximo año. Pero también bajo una presión constante del empresariado para que Chile sea admitido en el club de los países ricos, en
¿Qué contiene este protocolo que es casi una ley de AMARRE del gobierno socialista de Bachelet y la derecha?
El protocolo apunta a transformar la actual CONAMA exclusivamente en un Servicio de Evaluación Ambiental. Se crearía un Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas, lo que implica un cambio en los estatutos de
El acuerdo intentó en un primer momento ampliar la participación ciudadana hacia las Declaraciones de Impacto Ambiental. Sin embargo este punto estaría aún en discusión.
Dominique Herve abogada de
“La participación ciudadana tiene que ser determinante, tiene que ser un aspecto clave al momento de tomar una decisión por parte de la autoridad, lo que no significa que la ciudadanía tenga que resolver, porque no es la ciudadanía que tiene la autoridad para resolver, pero si tiene que ser clave al momento de tomar las decisiones y la autoridad al momento de tomar las decisiones tiene que saber que si no acoge las opiniones de la ciudadanía va a tener que enfrentar ciertos conflictos y ciertas responsabilidades y va a tener que hacerse cargo de ellas, porque no pueden ser impunes las decisiones que se tomen”.
Otro punto que también estaría en gran debate es el carácter vinculante de los informes de organismos públicos con competencia ambiental, tales como el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Geología y Minas, y
Un tema menor del acuerdo es que se establece que las Coremas tendrán sólo la participación de los seremis y el intendente, excluyendo a los gobernadores y los Consejeros regionales que hoy participan.
Frente a esto el abogado Vladimir Riesco, dijo que la urgencia por aprobar esta nueva institucionalidad ambiental responde también a un tema de imagen país. Asegura que tal como esta diseñada, no resuelve los problemas ambientales de fondo.
“Hay un tema de imagen. Este gobierno quiere mostrar logros en el tema ambiental, como estamos en un tiempo electoral. Pero en la práctica lo que nosotros nos interesa es que los problemas ambientales se solucionen y en ese sentido esas reformas que se plantean no resuelven los problemas de fondo que presentan los ecosistemas en Chile.
Los grandes problemas de contaminación que nos afectan no se están solucionando. Esto es importante tener en cuenta porque proyectos de gestión estrella como el plan de descontaminación de santiago, si vemos los niveles de emisión que existen hoy y los de hace 10 años, prácticamente son los mismos, han variado muy poco. Y eso significa que la política ambiental del gobierno de
La semana pasada los senadores se han debido quedar hasta altas horas de la madrugada negociando para aprobar el proyecto, y el miércoles 27 miércoles fue aprobado por
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