Editorial de Construyendo Nº 26, septiembre 2007
Mensuario de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR)
construyendo.cur@gmail.com
Aunque el gobierno no quiera...Vamos a Firmar
Porque Anular la Ley de Impunidad es un imperativo ético y político.
Que responde a una conciencia democrática de la clase trabajadora y sus aliados oprimidos del campo popular.
Que expresa una demanda innegociable, como es juzgar, castigar y encarcelar a todos los criminales de lesa humanidad - militares, civiles, policiales - que desde el terrorismo de Estado, arrasaron todas las libertades y reprimieron todas las resistencias.
Porque Anular la Ley de Impunidad, es parte integral de una lucha de carácter estratégico que responde a una necesidad política de transformación social y revolucionaria.
Como es, la lucha por desmantelar toda la arquitectura represiva del Estado que, por la vía de las instituciones militares, policiales y judiciales, garantiza la existencia del régimen burgués de dominación.
Porque es esta “mano de hierro” la que permite a la “mano invisible” del mercado reproducir la explotación capitalista.
Porque Anular la Ley de Impunidad, es un paso ineludible para comenzar a desmontar la trinchera más visible de una “cultura de la impunidad” que abarca a múltiples acontecimientos de la vida política nacional.
Desde la masacre del Filtro hasta el procesamiento del compañero Fernando Masseilot.
Desde la corrupción institucional, hasta el infierno de las cárceles en todo el país.
Desde la mentira mediática hasta la criminalización de la protesta social.
Las fuerzas militantes de la CUR, comprometen su esfuerzo en la convocatoria de la “Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad”.
El objetivo de las 250 mil firmas también es de la CUR, de nuestros compañeros y compañeras allí donde estén: en los sindicatos, en las agrupaciones clasistas, en los barrios, en los liceos, en las facultades, en la cooperativas de vivienda, en los asentamientos.
Vamos a firmar. Contra la impunidad del terrorismo de Estado. Contra cualquier intento de poner un “punto final”.
Contra toda pretensión de “reconciliar” a las Fuerzas Armadas con el pueblo trabajador.
Pero también, vamos a firmar en claro rechazo a la decisión política del presidente de la República (reiterada una vez más en su reciente gira europea), de mantener la vigencia de la Ley de Impunidad.
Decisión política que ha contado, en lo que va de gobierno “progresista”, con la complicidad de toda la bancada parlamentaria oficialista que, en ningún momento, tuvo la dignidad de levantar la mano contra la Ley de Impunidad, desde ese recinto, donde una infame mayoría de blancos y colorados le dieron nacimiento.
Este compromiso militante, esta indisolublemente vinculado al de luchar por los derechos, las necesidades y los intereses de la clase trabajadora y sus aliados oprimidos del campo popular.
Esto es, hoy y aquí, la lucha por derrotar el programa capitalista que el gobierno del Frente Amplio acordó con las instituciones financieras internacionales y las corporaciones patronales locales.
En tal sentido, no valen los cálculos oportunistas de la “disputa” interna frenteamplista, ni las maniobras dilatorias, ni las especulaciones electorales.
Cualquier compartimentación de la lucha favorece la fragmentación social y promueve la desorganización política.
Por el contrario: la lucha contra la impunidad debe integrarse, necesariamente, al combate de todos los días por el salario, el empleo, la salud, la educación, la vivienda. Es decir, a un combate que se inscribe en una perspectiva de acumulación, de resistencia social, de organización y movilización. De solidaridad activa con todas manifestaciones de lucha y de protesta que vienen de abajo.
La dramática crisis socio-económica (inflación galopante, salarios de hambre, desempleo y pobreza masivos), tiene consecuencias destructivas sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. La inmensa mayoría de los hogares del país no alcanzan a cubrir el costo de media canasta básica. Más del 50 % de los niños uruguayos sobreviven en la más atroz de las marginaciones.
Esto es inaceptable desde una posición coherente de defensa de los derechos humanos. Y este drama social que se prolonga, es el resultado de la continuidad de una política económica neoliberal aplicada por el gobierno del Frente Amplio. Por mucho que se disfrace, no hay forma de eludir esta incontestable realidad.
Defender los intereses de la clase trabajadora, demandar la plena vigencia de los derechos humanos y reivindicar la lucha por la justicia social, es absolutamente incompatible con el apoyo a un “progresismo” que, por un lado, ratifica por boca de Tabaré Vázquez (con el aval de todos sus ministros y de las fuerzas políticas que representan), la continuidad incambiable del programa económico; y por otro lado, insiste con la perversidad de enfrentar a trabajadores contra trabajadores por la “redistribución” del ingreso. Mientras que a la “rentabilidad” patronal, le ofrece toda suerte de beneficios.
Una vez más, entonces, no caben las vacilaciones, ni las falsas ilusiones. Construir una alternativa de izquierda, clasista y revolucionaria, no es solamente la opción política más “realista”, sino la manera más decidida de defender, integralmente, todos los derechos humanos.
Mensuario de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR)
construyendo.cur@gmail.com
Aunque el gobierno no quiera...Vamos a Firmar
Porque Anular la Ley de Impunidad es un imperativo ético y político.
Que responde a una conciencia democrática de la clase trabajadora y sus aliados oprimidos del campo popular.
Que expresa una demanda innegociable, como es juzgar, castigar y encarcelar a todos los criminales de lesa humanidad - militares, civiles, policiales - que desde el terrorismo de Estado, arrasaron todas las libertades y reprimieron todas las resistencias.
Porque Anular la Ley de Impunidad, es parte integral de una lucha de carácter estratégico que responde a una necesidad política de transformación social y revolucionaria.
Como es, la lucha por desmantelar toda la arquitectura represiva del Estado que, por la vía de las instituciones militares, policiales y judiciales, garantiza la existencia del régimen burgués de dominación.
Porque es esta “mano de hierro” la que permite a la “mano invisible” del mercado reproducir la explotación capitalista.
Porque Anular la Ley de Impunidad, es un paso ineludible para comenzar a desmontar la trinchera más visible de una “cultura de la impunidad” que abarca a múltiples acontecimientos de la vida política nacional.
Desde la masacre del Filtro hasta el procesamiento del compañero Fernando Masseilot.
Desde la corrupción institucional, hasta el infierno de las cárceles en todo el país.
Desde la mentira mediática hasta la criminalización de la protesta social.
Las fuerzas militantes de la CUR, comprometen su esfuerzo en la convocatoria de la “Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad”.
El objetivo de las 250 mil firmas también es de la CUR, de nuestros compañeros y compañeras allí donde estén: en los sindicatos, en las agrupaciones clasistas, en los barrios, en los liceos, en las facultades, en la cooperativas de vivienda, en los asentamientos.
Vamos a firmar. Contra la impunidad del terrorismo de Estado. Contra cualquier intento de poner un “punto final”.
Contra toda pretensión de “reconciliar” a las Fuerzas Armadas con el pueblo trabajador.
Pero también, vamos a firmar en claro rechazo a la decisión política del presidente de la República (reiterada una vez más en su reciente gira europea), de mantener la vigencia de la Ley de Impunidad.
Decisión política que ha contado, en lo que va de gobierno “progresista”, con la complicidad de toda la bancada parlamentaria oficialista que, en ningún momento, tuvo la dignidad de levantar la mano contra la Ley de Impunidad, desde ese recinto, donde una infame mayoría de blancos y colorados le dieron nacimiento.
Este compromiso militante, esta indisolublemente vinculado al de luchar por los derechos, las necesidades y los intereses de la clase trabajadora y sus aliados oprimidos del campo popular.
Esto es, hoy y aquí, la lucha por derrotar el programa capitalista que el gobierno del Frente Amplio acordó con las instituciones financieras internacionales y las corporaciones patronales locales.
En tal sentido, no valen los cálculos oportunistas de la “disputa” interna frenteamplista, ni las maniobras dilatorias, ni las especulaciones electorales.
Cualquier compartimentación de la lucha favorece la fragmentación social y promueve la desorganización política.
Por el contrario: la lucha contra la impunidad debe integrarse, necesariamente, al combate de todos los días por el salario, el empleo, la salud, la educación, la vivienda. Es decir, a un combate que se inscribe en una perspectiva de acumulación, de resistencia social, de organización y movilización. De solidaridad activa con todas manifestaciones de lucha y de protesta que vienen de abajo.
La dramática crisis socio-económica (inflación galopante, salarios de hambre, desempleo y pobreza masivos), tiene consecuencias destructivas sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. La inmensa mayoría de los hogares del país no alcanzan a cubrir el costo de media canasta básica. Más del 50 % de los niños uruguayos sobreviven en la más atroz de las marginaciones.
Esto es inaceptable desde una posición coherente de defensa de los derechos humanos. Y este drama social que se prolonga, es el resultado de la continuidad de una política económica neoliberal aplicada por el gobierno del Frente Amplio. Por mucho que se disfrace, no hay forma de eludir esta incontestable realidad.
Defender los intereses de la clase trabajadora, demandar la plena vigencia de los derechos humanos y reivindicar la lucha por la justicia social, es absolutamente incompatible con el apoyo a un “progresismo” que, por un lado, ratifica por boca de Tabaré Vázquez (con el aval de todos sus ministros y de las fuerzas políticas que representan), la continuidad incambiable del programa económico; y por otro lado, insiste con la perversidad de enfrentar a trabajadores contra trabajadores por la “redistribución” del ingreso. Mientras que a la “rentabilidad” patronal, le ofrece toda suerte de beneficios.
Una vez más, entonces, no caben las vacilaciones, ni las falsas ilusiones. Construir una alternativa de izquierda, clasista y revolucionaria, no es solamente la opción política más “realista”, sino la manera más decidida de defender, integralmente, todos los derechos humanos.
